Se inauguró la PKI Uruguay

El 9 de diciembre se presentó la Autoridad Certificadora Raíz Nacional, que es la primera autoridad de la cadena de confianza para emitir, distribuir, revocar y administrar los certificados electrónicos para firma electrónica.

Pastorín, Van Rompaey, Cánepa y Clastornik

La presentación contó con la presencia del prosecretario de Presidencia de la República, Dr. Diego Cánepa; el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dr. Leslie Van Rompaey; el director ejecutivo de AGESIC, Ing. José Clastornik; el presidente de la Unidad de Certificación Electrónica, Ing. Jorge Forcella; el presidente del Instituto Nacional de Tecnologías de la Información de Brasil, Dr. Renato Martini; el subsecretario de Tecnologías de Gestión de Argentina, Eduardo Thill y el coordinador de e-Gobierno de la OEA, Miguel Porrúa.

Van Rompaey reconoció el avance que significan este tipo de hitos, y que “hace algunos años cuando se hablaba de despapelizar causaba pánico”. Comentó que el Poder Judicial viene trabajando de manera electrónica de forma óptima, sobre todo en lo que ha significado la implementación del Expediente Electrónico. “Esperemos aunar los esfuerzos que se realicen en este tema”.

Cánepa señaló que “esto es parte de una estrategia nacional, cuyo objetivo es la equidad, la igualdad y la calidad de vida”. Explicó que para este Gobierno lo importante es construir una sociedad de la información sin perder el norte: no generar una brecha a través de la tecnología”. Comentó que la certificación y la firma digital constituyen uno de los cambios más sustanciales en la última década y que se trata “de instrumentos que el Estado tiene para lograr la equidad y la inclusión social. Concluyó que este país “no tiene otra salida que no sea elegir la excelencia”.

Forcella explicó que se trata de un certificado cuya raíz es Uruguay, lo que legitima que si deriva de ella, se trata de un certificado digital válido. Asimismo, señaló que la UCE garantiza la confiabilidad de la firma electrónica. Entre sus beneficios destacó que optimiza el comercio electrónico y posibilita el comercio electrónico a través de la tramitación electrónica que elimina el papel.

Martini explicó que “la certificación digital y la firma es una herramienta de una revolución más amplia: la despapelización de los gobiernos”. Explicó que este aspecto implica conceptos de rapidez, abaratamiento de costos, eficiencia y transparencia. Concluyó que “se trata de un cambio de la vida civil, hacia una vida civil electrónica.

Thill comentó que la firma digital “marcará un antes y un después en los procesos de Gobierno” y que el eje “está puesto en la persona, en la economía, en el tiempo de cada uno de nosotros como ciudadanos cada vez que tengamos que interactuar con el Estado”. Concluyó que este hito “se trata de una bisagra histórica para todo los países de la región”.

Porrúa señaló que “compartimos un éxito más de Uruguay y que se trata de un esfuerzo conjunto”. Concluyó que “Uruguay entra en un camino que lo ubica a la vanguardia de la Sociedad de la Información y el Conocimiento”.

Clastornik felicitó al equipo que trabajó en el proyecto y al director del CERTuy, Santiago Paz. Comentó que el gran paraguas de las marcas Uruguay Natural y la recientemente lanzada Uruguay Digital es “Uruguay calidad de vida”.

Una garantía

El establecimiento de esta infraestructura es un hito clave que habilita la implementación de transacciones electrónicas en un marco de seguridad y confianza, en especial beneficiando a aquellas vinculadas al comercio electrónico, el gobierno electrónico y la e-salud.

Para esto  el 3 de noviembre se constituyó la Autoridad Certificadora Raíz Nacional, que es la primera autoridad de la cadena de confianza para emitir, distribuir, revocar y administrar los certificados electrónicos para firma electrónica.

Asimismo, la Ley N°. 18.600 del 21 de setiembre de 2009, estableció el marco jurídico que regula el Documento y la Firma Electrónica. Esta Ley dispuso la creación de la Infraestructura Nacional de Certificación Electrónica, que deposita su confianza en la Autoridad de Certificación Raíz Nacional y otorga validez jurídica a todos los certificados que se emitan en el país

La Infraestructura Nacional de Certificación Electrónica de Uruguay está alineada con lo establecido a nivel del MERCOSUR y con los más elevados estándares internacionales en la materia.

Material relacionado:


Fuente: http://www.agesic.gub.uy/innovaportal/v/1840/1/agesic/te_lo_firmo:_se_inauguro_la_pki_uruguay.html

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Uruguay habilita firma electrónica en trámites estatales

El gobierno de Uruguay anunció la entrada en vigencia en el ámbito estatal de la firma electrónica, que tendrá igual valor que la manuscrita, informó el 10 el portal de presidencia.

“Esto significa que las transacciones electrónicas van a tener una seguridad absoluta con un código que es imposible de violar”, destacó el prosecretario de la presidencia, Diego Cánepa.

De esta manera, profesionales como escribanos y abogados podrán actuar “sin necesidad de presencia física en muchos de los trámites”.

“Vamos a tener capacidad de certificación electrónica, certificadores electrónicos, gente que va a dar ese certificado como el Correo y el Poder Judicial”, subrayó.

Para Cánepa, “los trámites van a ser mucho más rápidos” por lo que “va a hacer un verdadero cambio en el país”.

En noviembre, la administración del presidente José Mujica presentó un plan para facilitar el acceso a la información pública y el vínculo con la población a través de medios electrónicos.

La iniciativa preve que en 2015 el 80 por ciento de los trámites sean digitalizados.

Fuente.

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Situación actual de la firma electrónica en Uruguay y a nivel Mercosur – Entrevista a la Dra. Flavia Meleras Bekerman

¿Qué es una firma electrónica?

Son datos en forma electrónica anexos o asociados a un documento electrónico que identifica al firmante. Puede ser un password, un sistema biométrico, una huella, un certificado electrónico, etc.

Lo importante es que para que sea considerada válida entre las partes, requiere un  acuerdo previo entre ellas. La firma electrónica es como nuestra firma manuscrita, sirve para firmar nuestros documentos, mensajes. Una firma válida implica que se nos puede atribuir de forma indudable ese documento electrónico como autores de esa firma, que no podemos negar en ningún caso que el documento ha sido firmado por nosotros.

¿Qué es una firma electrónica avanzada?

Es una firma electrónica creada por un sistema técnico de creación de firma seguro y donde se utiliza un certificado electrónico emitido por un Prestador de Servicios de certificación acreditada ante la Unidad de Certificación Electrónica. Dicha firma permite acreditar nuestra identidad y ser verificada la misma por terceros, no permite repudiar el documento que viene asociado con la firma, entre otras garantías tecnológicas.

La firma electrónica tendrá la misma validez y eficacia que la firma manuscrita consignada en documento privado o público con firmas certificadas, siempre y cuando cumpla con los requisitos del artículo 6 de la ley No. 18.600.

Existe regulación en Uruguay, ¿cuáles son los objetivos que persigue la misma?

Existe la ley No. 18.600 de 21 de setiembre de 2009 y el decreto reglamentario está en proceso de promulgación.

Los objetivos de la misma son:

A. Igualar los documentos y firmas electrónicos a los tradicionales

B. Reconocer la Firma Electrónica y la Firma Electrónica Avanzada

C. Habilitar como firmantes a las personas físicas y a las personas jurídicas

D. Crear la Infraestructura Nacional  de Certificación (PKI Uruguay)

E. Reglamentar la acreditación de los prestadores de servicio de certificación

¿Cómo  es el procedimiento para obtener un certificado con firma electrónica avanzada incluido?

En el caso del Correo que es un prestador de servicios de certificación, el proceso es el siguiente:

1) Petición de Certificado (asociado al usuario y equipo desde el que se solicita),

2) Comprobación de Identidad (en el local del prestador de servicios acreditados: en este caso Correo),

3) Carga de la Firma (en el equipo desde el que se solicitó).

¿Cuál es el ámbito de aplicación de la firma electrónica o electrónica avanzada para el Gobierno?

Todos los órganos del Estado podrán:

—  Ejecutar o realizar actos administrativos

—  Celebrar contratos

—  Expedir documentos

Todos, dentro de su ámbito de competencia y suscribiéndolos por medio de firma electrónica o electrónica avanzada. Se exceptúan las actuaciones para las cuales la Constitución o ley exijan A. solemnidad que no sea susceptible de cumplirse mediante documento electrónico o B. concurrencia personal de la autoridad o funcionario que deba intervenir.

Ejemplos:  Expedientes Electrónicos, Factura Electrónica, Documentos Aduaneros (DUA digital), Trámites on-line

¿Cuál es el ámbito de potencial aplicación de la firma electrónica o electrónica avanzada en el ámbito privado?

•       Home Banking

•       Pagos Móviles

•       Contratos

•       Factura Electrónica

•       Transacciones Online

•       Historia clínica electrónica

•       Prescripción médica

¿Existe a nivel Mercosur regulación sobre la firma electrónica o electrónica avanzada?

Si, existe dos Resoluciones la No. 34/06 y la 37/06, la primera son Directrices para la celebración de Acuerdos de Reconocimiento Mutuo de firmas Electrónica Avanzadas en el ámbito del Mercosur y la segunda, es un Reconocimiento a la eficacia jurídica del Documento Electrónico, la firma electrónica y la firma electrónica avanzada en el ámbito del Mercosur.

La firma electrónica y electrónica avanzada podrá ser utilizada para la Historia laboral  de Mercosur, la Documentación aduanera Mercosur y para Transacciones comerciales internacionales, entre otros.

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Dra .Flavia Meleras Bekerman
  • Dra. En Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de la República Oriental del Uruguay.
  • Máster en Informática y Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, España.
  • Doctorado “El Derecho de la Comunicación en la Sociedad Actual – Derechos Privados de Internet”, Universidad Complutense de Madrid, España.
  • Abogada especialista en Nuevas Tecnologías. Socia fundadora de FMB Asesores (www.fmbasesores.com) especializado en Asesorías Corporativas: sociedades comerciales, derecho laboral, administrativo, propiedad intelectual e industrial.
  • Consultora integrante de GDA-IT, empresa especializada en asesoramiento jurídico en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (www.gdait.com.uy).
  • Docente de la Universidad ORT de Uruguay en: 1. Derecho de las Transacciones Económicas, 2. Negociación de Contratos Complejos en MBA para empresas Tecnológicas y 3. Marco Jurídico de los Negocios Internacionales.
  • Consultora externa del BID (Banco Interamericano de Desarrollo), sobre Políticas de Protección de Datos Personales en Uruguay, 2004.
  • Integrante del Grupo XIII  de Mercosur sobre Comercio Electrónico.
  • Autora del libro “Protección de Datos Personales en el Uruguay y el Mercosur”, FCU, 2005.
  • Miembro del Instituto de Derecho Informático de Uruguay.

Datos Personales

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PortaSigma y ClickSign ya admiten los certificados digitales de Correo Uruguayo

Los suscriptores de certificados digitales emitidos por Correo Uruguayo están de enhorabuena.

Desde hoy, podrán firmar digitalmente todo tipo de documentos utilizando nuestras aplicaciones ClickSign y PortaSigma.

Estas aplicaciones cumplen con los requisitos de la Ley Nº 18.600, Documento Electrónico y Firma Electrónica (Se reconocen su validez y eficacia jurídica).

Con ellas, las empresas podrán firmar por ejemplo contratos o autorizaciones, en formato digital, de modo que podrán evitar completamente el uso de papel en estos procesos, y realizarlos de forma más rápida y eficiente.

Un nuevo paso adelante para la difusión de la administración electrónica.

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Se impulsa la firma electrónica avanzada en Uruguay

En Torre Ejecutiva se firmó un convenio marco de cooperación interinstitucional entre el Correo y la Agencia de Gobierno Electrónico y la Sociedad de la Investigación y el Conocimiento (Agesic).

Durante el acto se explicó que la Firma Electrónica Avanzada es un procedimiento que permite asegurar la integridad del documento. Es decir que si el documento sufre algún tipo de alteración, éste deja de verificar su inalterabilidad. Esto lo convierte en un instrumento muy potente desde el punto de vista de asegurar cualquier tipo de transacción: comercial, expedientes y facturas electrónicas, documentación aduanera, etc. Resulta útil para empresas, personas físicas y organizaciones del gobierno.

Clastornick indicó que la Firma Electrónica Avanzada genera la certeza jurídica de una firma electrónica en el mismo contexto de una firma normal.

Lo que sustituye en el trámite es la parte donde había una firma de una persona o una certificación, por una firma electrónica. A nivel de la ciudadanía, repercute de manera favorable en la agilización de trámites.

Sostuvo que la Ley 18.600 permite darle una validez jurídica distinta a la firma digital. La Firma Electrónica Avanzada pasa a tener la misma validez, a los efectos legales dentro de la Administración, de lo que tendría una firma en cualquier contexto en un papel. Pero aún resta el decreto reglamentario para su aplicación.

Por su parte, Juárez recordó que, desde 1998, el Correo es la autoridad de certificación digital. Era un activo, no activo que en determinado momento, la tecnología iba a despertar y para esa tarea le faltaba tener el desarrollo y marco normativo y la definición de la gerencia para el gobierno electrónico, que hoy se concretó.

El evento contó, entre otros, con la presencia del prosecretario de la Presidencia de la República, Diego Cánepa; del director ejecutivo de la Agesic, José Clastornick y del presidente del Correo, José Luis Juárez.

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Nueva cédula de Uruguay con chip almacenando huella y firma electrónica

El Gobierno de Uruguay, está decidido a implementar un nuevo sistema de identificación civil en cédulas y pasaportes, a través de “mecanismos biométricos” que permitan la codificación de datos en chips electrónicos, como la  huella dactilar y firma digitalizada.

La biometría es un método que mide e identifica características propias de una persona, como puede ser la huella dactilar, el  reconocimiento facial (a través del  iris y la  retina), o la geometría de la mano.

El uso de tecnología aplicada a esta técnica es lo que permite reunir en un pequeño chip una cantidad de información del individuo.

Un estudio preliminar sobre el tema, de la  Dirección Nacional de Identificación Civil (DNIC) arrojó como conclusión que su puesta en marcha es “viable” sin aumentar considerablemente los costos o modificar los tiempos de emisión.

El objetivo de este análisis fue detectar la posibilidad de implementar los mecanismos biométricos en Uruguay, de qué forma, con qué costos y en qué plazos. Al día de hoy la expedición de estos documentos se entrega en el día y el costo del trámite para la obtención de una cédula de identidad va desde $121 -el trámite común- hasta $242 -el urgente-.

En la experiencia de gobiernos de América Latina que ya aplicaron este sistema el costo de expedir un documento biométrico y de buena calidad ronda los US$12 (unos $50).

A diferencia de otros países, una de las dificultades que tendrá Uruguay a la hora de hacerse de proveedores es la baja densidad de población, lo que impedirá reducir costos al no poder realizar compras en grandes volúmenes.

Como contrapartida, el constante avance de la tecnología trae aparejados precios más bajos. Por ejemplo, un chip para introducir en la tarjeta plástica costaba hace apenas dos años entre US$12 y US$20, al tiempo que hoy se puede conseguir por US$2.5.

Nuevo formato

Los documentos biométricos se caracterizan por tener un formato similar al de una tarjeta de crédito, con la incorporación de un pequeño chip electrónico en su interior, con toda la información del individuo.

No está en los planes de la Dirección Nacional de Identificación Civil incorporar información que atente contra la protección de datos personales, como puede ser el  ADN o la fotografía del iris, aseguró el director de esta repartición, Ruben Amato.

“Por el momento una futura cédula de identidad de estas características en Uruguay no tendrá como información nada que atente contra la intimidad de la persona. En otros países se ha incorporado la fotografía del iris o el ADN. Este tipo de información es muy íntima, ya que puede revelar incluso enfermedades del individuo”, explicó Amato.

Así las cosas, los elementos biométricos que aparecerían en una futura cédula de identidad serán la huella digital, la foto, firma electrónica y datos únicamente identificatorios. “No pensamos incorporar nada que no esté en el actual documento”, remarcó Amato.

Si bien el actual documento es calificado de “muy bueno y seguro”, la puesta en marcha de un sistema biométrico (o también llamado DNI digital) tendrá mayores beneficios en su uso diario, tanto para el propietario de la cédula como el demandante.

A criterio de Amato, que lleva 32 años en Identificación Civil, este sistema permitirá un manejo más práctico de la información (con un simple lector aparecerá en la computadora del operador toda la información del usuario), además de hacer imposible la adulteración o robo de datos y garantizando la fiabilidad del contenido.

“Se podrá comprobar la identidad de manera fiable. No significa que hoy no se haga, pero por ejemplo, en muchos casos, cuando una persona sa-ca un crédito no se observa la foto de la cédula. Apenas miran si la cédula está vigente y punto”, explicó el experto.

La firma digitalizada será otro de los beneficios reales que proporcionará el nuevo sistema al permitir la formalización de trámites que requieran de una rúbrica.

“Al tener la firma digitalizada el ciudadano podrá realizar trámites desde la casa a través de Internet, quedando bien identificado en cada una de sus operaciones”, aseguró Cristina Zubillaga, directora de la oficina de proyectos de la  Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de Información y el Conocimiento (AGESIC).

Condiciones

Para llevar adelante el estudio de campo, la DNIC estableció una serie de parámetros que oficiaron de referencia para sustentar la viabilidad del proyecto.

Entre los objetivos principales se puso énfasis en el costo. Se busca evitar que la inversión en los cambios en el sistema y los materiales sea trasladada a la tasa actual.

Además, se planteó que la información que contenga los documentos sea de fácil acceso: que el costo de inversión para la lectura de datos no sea exagerado, a fin de que empresas privadas como organismos del Estado puedan sacarle el mayor provecho posible.

“La idea es que los lectores de información no cuesten US$400 cada uno, sino que sean accesibles para que los distintos operadores puedan darle buen uso a la información, como pueden ser los bancos, casas crediticias, y no sólo quede limitado a Migraciones o Aduana. Que su uso sea generalizado y no para dos o tres empresas”, argumentó Amato.

Cédula con validez exterior

Al día de hoy países como Chile, Colombia (el año pasado), México, Panamá y Guatemala tienen activo este sistema, al tiempo que Brasil se encuentra en trámites de aprobación de un proyecto nacional que contemple el uso de esta tecnología.

Si eventualmente se toma la decisión de seguir adelante con el proyecto en Uruguay, su implementación se hará de forma gradual, a través de un programa piloto y en el que se tome en cuenta a pequeños grupos de personas. La idea es observar su evolución para corregir a tiempo posibles errores.

Además se buscará en el futuro que el documento tenga validez internacional. El hecho de

que se pueda viajar a varios países de América Latina sólo portando la cédula, hace imperioso

“unificar el tipo de documento, por lo menos con bases mínimas de expedición”, expresa Ruben Amato, de la DNIC.

Al pasaporte también se le incorporará un chip electrónico, pero no se modificará su actual formato: seguirá siendo una libreta y no una tarjeta.

Más de un siglo dejando la huella

“Tenemos un documento que estéticamente no es el más lindo, pero sí seguro en la expedición”, asume el director de Identificación Civil, Ruben Amato. Pero antes de llegar a la tarjeta plastificada -que muy pronto también quedará en el museo- el documento de identidad nacional pasó por algo más de un siglo de historia.

El primer antecedente es la creación en el país de la Oficina de Identificación Dactiloscópica, que data de 1905. Ese año la Policía Nacional suscribió un convenio con las oficinas policiales de La Plata, Buenos Aires, Rio de Janeiro y Santiago de Chile, mediante el cual se estableció el intercambio de antecedentes sobre individuos considerados peligrosos pa-ra la sociedad.

En ese acuerdo se establecía ya la posibilidad de que todo ciudadano registrara sus antecedentes y “su individual dactiloscópica”, con el fin de que “no sólo evite injustos vejámenes, sino que sea elemento de información personal, útil en cualquier circunstancia”.

Poco después, el 1° de mayo de 1914 se consagra la primera ley sobre “Cédulas de Identidad Personal”. Pero pasarían varios años para que se aprobara el reglamento general de cédulas, aprobado finalmente el 23 de marzo de 1946.

Luego, mediante un decreto en 1967 se establece que cada Jefatura de Policía será la encargada de expedir la cédula de identidad. Con algunas variantes este régimen continúa imperando hasta que en junio de 1978 se crea la actual Dirección Nacional de Identificación Civil, como organismo encargado de expedir el documento de identidad.

Un decreto ley de ese mismo año, el 14.762, establece la utilización de un número único identificatorio “compuesto por un conjunto en sucesión natural a partir del uno y la cifra del dígito verificador”.

El número se asigna a cada registro de huella dactilar: no cambia durante toda la vida del individuo, se considera confiable porque lo otorga el perito que clasificó las impresiones dactilares y por último de carácter universal, puesto que es “un número único en el universo de los números”.

En marzo de este año se introdujeron las últimas modificaciones a la cédula.

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